2013. március 30., szombat
Dwyer, Magyarosi y Rózsa ejecutados en Bolivia ( fuente Nationas Unidas)
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NATIONS UNIES
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UNITED NATIONS
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HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
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OFFICE OF THE UNITED NATIONS
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AUX DROITS DE L’HOMME
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HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
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PROCEDURES SPECIALES DU
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SPECIAL PROCEDURES OF THE
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CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
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HUMAN RIGHTS COUNCIL
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Manda to del Relator Especial sobre las
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias .
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R EF ER ENC E: AL
G/ S O 21 4 (3 3- 27 )
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BO L 3 / 20 12
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26 de septiembre de 2012
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Excelencia,
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Tengo el honor de
dirigirme a Usted en mi calidad de Relator Especial sobre las
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ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de conformidad con la resolución 17/5
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del Consejo de Derechos
Humanos.
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En este
contexto, quisiera senalar
a la atención
urgente del Gobierno
de Su
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Excelencia la información que he recibido en
seguimiento del caso del
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asesinato del Sr.
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Michael Dwyer
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, un
ciudadano irlandés; el
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Sr. Arpad
Magyarosi
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, un
ciudadano
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húngaro; y el
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Sr. Eduardo Rózsa Flores
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, ciudadano boliviano-húngaro.
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Sr. Michael
Dwyer, el Sr.
Arpad Magyarosi, y
el Sr. Eduardo
Rózsa Flores,
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fueron objetos
de una comunicación anterior
enviada el 19
de agosto de
2011 por el
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Relator Especial
sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias. El caso
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también fue presentado
previamente a la atención del Gobierno de Su Excelencia por el
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Grupo de trabajo sobre
la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos
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humanos y de
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
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en una comunicación de fecha 27 de abril
de 2009.
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En esta
comunicación, el Grupo
de trabajo sobre
la utilización de
mercenarios
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expresó su preocupación por el operativo
lanzado el 16 de abril de 2009 en la ciudad de
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Santa Cruz
por la policía
boliviana contra un
grupo que presuntamente habría
estado
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planificando el
asesinato del Presidente
y otros altos
funcionarios del Gobierno
de
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Bolivia. Durante el
operativo, tres personas murieron, mientras que dos personas fueron
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detenidas.
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Es de mi conocimiento
que el Gobierno de Su Excelencia respondió en una carta
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de fecha 29 de abril de
2009 confirmando la exactitud de los hechos y senalando que el
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Gobierno llevaría a cabo una investigación exhaustiva de estos
hechos. En seguimiento a
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dicha carta, el Grupo de
trabajo sobre la utilización de mercenarios envió una carta el 19
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de mayo
de 2010. Asimismo es de
mi conocimiento que el
Gobierno de su Excelencia
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respondió en
una carta de
fecha 13 de
septiembre de 2010,
senalando que los
Sres.
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Michael Dwyer,
Arpad Magyarosi, y
Eduardo Rózsa Flores habían
resultado muertos
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durante un tiroteo. El
Gobierno de Su Excelencia informó asimismo que se recuperaron
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pruebas que demuestran
que los difuntos habían estado planeando derrocar al Gobierno.
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A la luz de la nueva
información recibida:
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El Sr. Dywer habría recibido un primer
disparo en la parte superior del pecho el
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cual habría
sido suficiente para
incapacitarlo. Posteriormente, habría
sido
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disparado otras
cuatro veces más
en la parte
superior izquierda de
la espalda
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mientras yacía boca abajo en el
suelo.
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Además se informa que el 1 de
octubre de 2012 se realizará la audiencia en la Paz,
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tras haberse cambiado la
sede y sufrido múltiples dilataciones.
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Sin implicar,
de antemano, alguna
conclusión sobre la
información recibida,
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quisiera reiterar mi
preocupación expresada en la comunicación anterior enviada el 19
de
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agosto de 2011 a la
atención del Gobierno de Su Excelencia, por las alegaciones
de que
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las heridas
de bala observadas en el
cuerpo del Sr. Dwyer indican que varios
disparos
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fueron realizados
mientras que el fallecido se encontraba ya incapacitado.
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La Declaración Universal
de Derechos Humanos
y el Pacto
Internacional de
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Derechos Civiles
y Políticos, el
cual Bolivia accedió
el 12 de
agosto de 1982.
Los
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artículos 3 y 6 de dichos
instrumentos garantizan a todo individuo el derecho a la vida y a
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la seguridad de su
persona y disponen
que este derecho sea
protegido por la ley y
que
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nade sea arbitrariamente privado
de su vida.
Quisiera igualmente destacar,
de acuerdo
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con el principio 9 de
los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de
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las ejecuciones
extralegales, arbitrarias o
sumarias (resolución 1989/65
del Consejo
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Económico y
social), que los
Gobiernos tienen la
obligación de garantizar
“una
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investigación exhaustiva, inmediata
e imparcial de todos los casos en que haya sospecha
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de ejecuciones
extralegales, arbitrarias o
sumarias, incluidos aquéllos
en los que
las
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quejas de parientes u
otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no
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debida a causas
naturales en las circunstancias referidas (…).” Asimismo, el principio
18
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de este mismo
instrumento afirma que “los gobiernos velarán por que sean juzgadas las
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personas que
la investigación haya
identificado como participantes en ejecuciones
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extralegales, arbitrarias
o sumarias, en
cualquier territorio bajo
su jurisdicción. Los
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gobiernos har án
comparecer a esas
personas ante la
justicia o colaborarán para
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extraditarlas a
otros países que
se propongan someterlas
a juicio. Este
principio se
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aplicará con independencia de
quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en
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que se encuentren, de su
nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito.”
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Igualmente quisier a llamar la
atención del Gobierno
de su Excelencia sobre los
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principios básicos sobre el empleo de
la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios
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encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones
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Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento
del Delincuente, La Habana,
27 de
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agosto a 7 de septiembre de 1990. Establecen
que los funcionarios encargados de hacer
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cumplir la ley, en el
desempeno de sus funciones, utilizarán
en la medida de lo posible
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medios no
violentos y delimitan
el empleo de
la fuerza a
determinados casos
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excepcionales, incluidos
los de defensa
propia o de
otras personas en
caso de peligro
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inminente de muerte
o lesiones graves. La fuerza
empleada debe ser proporcional a la
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gravedad del delito y
al objeto legítimo que se persiga.
Los danos y lesiones deben ser
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reducidos al mínimo. El
empleo de la
fuerza está permitido
solamente cuando otros
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medios resulten ineficaces. El empleo arbitrario
o abusivo de la fuerza por
parte de los
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funcionarios encargados
de hacer cumplir
la ley debe
ser castigado como
delito en la
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legislación nacional.
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Es mi responsabilidad,
de acuerdo con el mandato que me ha sido otorgado por el
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Consejo de Derechos
Humanos intentar clarificar los hechos tr aídos a mi atención. En mi
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deber de
informar sobre esos
casos al Consejo
de Derechos Humanos,
estaría muy
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agradecido si
pudiera obtener su cooperación y sus
observaciones sobre 1os siguientes
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asuntos:
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1. Son exactos los hechos a los que se
refieren las alegaciones presentadas?
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2. Por favor, confirmen si se ha abierto una
investigación después de la queja
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presentada en su nombre
de las supuestas víctimas.
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3. Por
favor, sírvanse proporcionar información detallada,
así como los
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resultados si
están
disponibles, de cualquier
investigación, examen médico y judicial u
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otro tipo de pesquisa
que se haya llevado a cabo respecto de este caso.
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4. Por favor
confirme si el
1 de octubre
2012 tiene previsto
realizarse la
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audiencia en la Paz
e informe sobre las diligencias
judiciales que se hayan iniciado con
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relación a
este caso. Se
ha impuesto alguna
sanción penal, disciplinaria o
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administrativa?
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5. Por favor, indique si se ha propor cionado
compensación a las familias de
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las víctimas.
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Agradecería recibir una respuesta
del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas
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antes de
60 días y
sobre las medidas
adoptadas en seguimiento
a la presente
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comunicación. Garantizo que la
respuesta del Gobierno de Su Excelencia a cada una de
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estas preguntas
será incluida en
el informe que
presentaré al Consejo
de Derechos
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Humanos para que le
examine.
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A la espera
de su respuesta,
quisiera instar al Gobierno
de su Excelencia
a que
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adopte todas
las medidas necesarias
para proteger los
derechos y las libertades
de las
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personas mencionadas
e investigar, procesar
e imponer las
sanciones adecuadas a
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cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo
instarle a
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que tome las medidas
efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.
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Acepte, Excelencia, la
expresión de mi más distinguida consideración.
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Christof Heyns
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|
Relator Especial sobre
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
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